Las leyes se imponen, en numerosas ocasiones, al sentido común. Los legisladores aprueban o rechazan proyectos desoyendo la voz de sus votantes y sin valorar a qué necesidades responden esas normativas. El asunto se vuelve todavía más grave cuando se trata de leyes educativas en las que está en juego el futuro de muchos profesionales, de muchas asignaturas y por qué no, de muchos alumnos.

Estrenamos julio y nos desayunamos con una interesante noticia para el urbanismo de la capital valenciana, resulta que once constructoras comprometidas con el Ayuntamiento de Valencia para las obras de prolongación de la Avenida Blasco Ibañez (y para la destrucción del Cabanyal) han pedido sino el divorcio, al menos la separación de bienes para un proyecto que ha suscitado tan apasionada oposición.

El objeto de estas líneas es denunciar la situación en la que nos encontramos como vecinos del Parc Central de Torrent, concretamente de las calles Montreal ´76, Londres ´48 y Barcelona ´92.

Después de la negativa que obtuvieron los alumnos del instituto Gonzalo Anaya de Xirivella ha realizar sus estudios de bachiller en valenciano, busca una solución.